Descentralización: ¿Qué hacer en el último año de Boric?

Columna de opinión de Diego Portales, economista. Publicada originalmente en Lanuevamirada.cl

El presidente lo comprometió: “Espero ser un presidente que cuando termine su mandato tenga menos poder que cuando empezó”. Una afirmación como candidato dirigido a los gobernadores regionales reunidos en Antofagasta en 2021. Y ha habido avances y retrocesos. Desde la foto inicial de validación de la nueva institución republicana de los gobernadores regionales electos en Cerro Castillo hasta la firma del Protocolo de Acuerdos, en la misma Antofagasta, en enero de 2023; gran documento que debiera servir de guía en este proceso. Luego vino lo que conocemos, el caso “Convenio Democracia Viva” y sus secuelas, la paralización y el ostracismo.

¿Cómo podemos ayudar al presidente a cumplir su compromiso? Porque hay que explicitarlo, cumplir esta promesa requiere el concurso de varios actores políticos y sociales.

Una tarea muy principal del acuerdo de 2023 ha sido la elaboración de una Política Nacional de Descentralización (PND). En estos días el Comité Asesor de la PND ha entregado a la ministra del Interior sus recomendaciones. Una nueva luz de esperanza se abre para concretar en el último año de gobierno del presidente Boric avances significativos en la materia.

¿Qué priorizar? ¿Cuánto se puede avanzar en un año? ¿Qué medidas pueden convertirse en política de Estado más allá de quién resulte electo en las presidenciales y parlamentarias de fines de año? Eso es lo que importa para avanzar en el aporte descentralizado al desarrollo territorial sostenible y la calidad de vida de los habitantes en cada una de nuestras regiones.

Hemos leído con detalle las propuestas y creo que si avanzamos con paso firme en algunas de ellas las demás podrán irse potenciando en el tiempo. De menos a más. Medidas que comprometan a diversos actores, no solo al gobierno central. Medidas que tengan el respaldo activo de la ciudadanía, logren consenso institucional y que sean difíciles de revertir.

A mi juicio, este relanzamiento de la descentralización política del país debiera focalizarse en tres ejes: la institucionalización de la coordinación multinivel, el incremento de la participación ciudadana incidente y vinculante según los casos y el fortalecimiento humano e institucional de los gobiernos subnacionales. 

I. Institucionalización de la coordinación multinivel

Mediante sendos decretos presidenciales y de los gobiernos regionales podrían formalizarse y tener carácter obligatorio la creación de lo que en el Protocolo de Antofagasta de 2023 se llamaron los Gabinetes Nación – Región.

A nivel nacional, mediante decreto presidencial, la creación del Gabinete Nacional – Regional con la participación del presidente de la República, los ministros que éste convoque y los 16 gobernadores regionales. Con la articulación ejecutiva de SUBDERE, debiera evaluar la situación de la descentralización y el desarrollo territorial y proponer las medidas legislativas y administrativas para cada año de gobierno con una frecuencia mínima de 2 reuniones al año.

A nivel regional, mediante convocatoria del gobernador regional, con la participación del nivel regional y de los representantes del gobierno nacional en la región, con especial preocupación por la concordancia entre las prioridades de inversión y las metas de la Estrategia Regional de Desarrollo y los compromisos programáticos vinculados a ella.

En los términos propuestos por el Consejo Asesor de la PND se incluyen las siguientes medidas:

• Medida 4: Establecer instrumentos de gobernanza multinivel.

“La coordinación entre niveles de gobierno y administración requiere de espacios institucionalizados para generar diálogo y poder definir cursos de acción conjunta”.

• Medida 9: Establecer la coordinación entre niveles de la administración del Estado.

“Se requiere establecer normativamente mecanismos explícitos de coordinación y colaboración a nivel institucional regional, sectorial, provincial y comunal, considerando instancias periódicas y sistemáticas entre gobiernos regionales, delegaciones presidenciales y municipalidades, donde, con la participación de la institucionalidad sectorial en la región, se planifique, ejecute y evalúe temáticas estratégicas de desarrollo regional y comunal” … “En esta articulación internivel, se debe también establecer espacios de incorporación de actores sociales, privados y académicos en los territorios”. 

II. Incremento de la participación ciudadana

El avance del proceso exige activar la participación ciudadana. Parte de esto es responsabilidad de la sociedad civil. La otra parte, depende de la puesta en marcha de las estructuras propuestas para una gobernanza participativa. Las organizaciones políticas tienen aquí una oportunidad de hacer sus aportes y así ir recuperando la legitimidad perdida.

Hemos propuesto que grupos ciudadanos se organicen, conozcan los programas, acompañen los procesos, apoyen el fortalecimiento y contribuyan con la necesaria crítica para mejorar el desempeño de los gobiernos subnacionales. También hemos propuesto mejorar la representación y los métodos de trabajo de la participación ciudadana en los asuntos regionales y locales tal como se ha diseñado en la última generación de las Estrategias Regionales de Desarrollo aprobadas por los Consejos Regionales.

El Consejo Asesor de la PND lo plantea en dos medidas que requieren el impulso ciudadano y de los gobiernos subnacionales y mejoras legislativas de la Ley 20.500 que se nutran de estas experiencias

• Medida 2: Establecer el compromiso programático de las autoridades unipersonales regionales y locales.

“El compromiso programático es un tipo de requisito que busca promover el voto basado en el apoyo a las propuestas, planes y programas específicos de las candidaturas. En este caso, el electorado puede conocer y elegir a sus autoridades por el contenido de sus propuestas de gobierno. Este tipo de compromiso se enfoca en la posibilidad de que la ciudadanía pueda realizar una la evaluación de las promesas y la capacidad de ejecución de los programas, promoviendo un enfoque más informado y orientado hacia resultados concretos de manera prospectiva. Y eventualmente, utilizar esta valoración para una evaluación retrospectiva en el ciclo electoral siguiente”.

• Medida 27: Reformar la Ley 20.500, incorporando variables territoriales.

“El fortalecimiento de los territorios y sus actores es una meta que no puede lograrse sin participación ciudadana. Desde la dictación de la Ley 20.500 se ha evidenciado un lento avance en la incorporación de esta misma en la gestión municipal y del gobierno central. Solo muy recientemente se ha iniciado el proceso en el ámbito regional. Se propone equiparar la participación en los diferentes niveles y fortalecer los mecanismos existentes. para lograr una mayor incidencia de la ciudadanía en las decisiones que involucran a los territorios”.

III. Fortalecimiento de los gobiernos subnacionales 

Hay que repetirlo una y mil veces: no se puede hacer más y mejor si los gobiernos subnacionales no se fortalecen en sus equipos humanos y en las reformas internas para generar las instituciones de apoyo que hagan posible su liderazgo estratégico.

En el documento “Propuesta de Descentralización Territorial” enviado por AGORECHI en 2021 a todas las candidaturas presidenciales se planteaba que “para reforzar el proceso descentralizador, se precisa generar una Ley de Plantas diferenciada para los gobiernos regionales, que esté conteste con el desafío de avanzar en el desarrollo de los territorios”. Esta lúcida visión estratégica se perdió frente a otras urgencias. Una ley de ese calado necesita estudios y una compleja tramitación legislativa, no demora menos de 5 años. Habría que ponerla en marcha a la brevedad.

Mientras tanto, habrá que buscar fórmulas transitorias de reforzamiento. Algunas pueden surgir de cada gobierno regional. Otras han sido comprometidas por el gobierno central a través de la SUBDERE y están en el Protocolo de Acuerdos de enero de 2023. A mi juicio, las más innovadoras surgirán del trabajo interregional. La importancia de la asociatividad es clave para lograr avances reales: intercambio de experiencias, formación de personas y creación de equipos técnicos capaces de lograr seguimiento de procesos y elaboración de propuestas. Pasar de la AGORECHI actual a una Asociación de Gobiernos Regionales aprobada por cada Consejo Regional, autofinanciada, con capacidad técnica y poder político.

En particular, es indispensable disponer de la información relevante para la toma de decisiones y para desarrollar las capacidades de evaluación, elaboración o ejecución propia de los proyectos prioritarios de inversión.

El Consejo Asesor de la PND lo propone así:

• Medida 30: Crear un Sistema de Información y Plataformas Integradas para la Gestión Subnacional.

“Se establecerá un sistema de información territorial integrada que utilice plataformas compatibles tanto para el ingreso como para el análisis de información útil y pertinente para el desarrollo de los territorios. Se radicará en el gobierno regional para ser parte en el futuro de los respectivos Centros de Pensamiento Regionales. Su principal propósito para alcanzar durante 2025 es hacer compatibles las informaciones relativas a control de inversión y cumplimiento de metas”.

• Medida 31: Crear un Sistema Territorial de Gestión del Conocimiento.

“El conocimiento científico y la innovación tecnológica y productiva son elementos cruciales en una nueva estrategia de desarrollo descentralizada que fortalezca a los territorios. Para ello se propone fortalecer la coordinación entre las universidades, las autoridades y la sociedad civil regional, crear una institucionalidad específica y desarrollar Centros de Pensamiento Estratégicos Regionales, que capitalicen y difundan el conocimiento pertinente en las regiones”.

• Las “guindas de la torta” y una propuesta 

El programa de Boric incluía la eliminación de los delegados presidenciales. A diferencia de muchos regionalistas no estoy de acuerdo con esa medida. Creo que para el buen ejercicio de los gobiernos subnacionales es mejor tener un coordinador político del gobierno central en cada región. Así se evita vivir en el juego infantil del “compra huevos… a la otra esquina” y perder mucha energía.

Pero, ahora, parece que la torta tendrá dos guindas: una el delegado y la otra el seremi de Seguridad Pública. En las regiones de Chile no se justifica esa dualidad de mando sobre los temas de orden y seguridad pública.

Humildemente, como ciudadano de región, propongo evitar ese bochorno. Es importante recoger lo que el gobierno firmó sobre esta materia en enero de 2023: “La superación de la figura del “Delegado (a) Presidencial” como la conocemos actualmente es un compromiso que se cumplirá a través de la creación del Ministerio de Seguridad”.

Si los Delegados asumen la seremía de seguridad se cumplen varios objetivos simultáneos: Se evita la dañina competencia entre autoridades por el protagonismo mediático y público, se subraya que su función es de orden y seguridad y no de encabezar el desarrollo económico y social de la región, se mantiene su capacidad de coordinación política y se reafirman los propósitos de austeridad fiscal tan caros al Ministerio de Hacienda.

Ojalá la inercia institucional no se imponga. Para que ello ocurra no se necesita tramitar leyes, ni allegar nuevos recursos, sólo voluntad política.