Crean comisión investigadora sobre posible colusión en precios de gas licuado

Cámara de Diputados dio luz verde a la instancia que se abocará al estudio de la fijación del precio del gas licuado, considerando el alza sostenida de hasta un 14% en los últimos 12 meses.

Investigar la actuación de la Fiscalía Nacional Económica, así como de los ministerios de Economía y de Energía, y de todo otro organismo público encargados de velar por libre competencia en el mercado de los productos ofrecidos para el suministro del gas residencial, bajo la modalidad de gas licuado de petróleo, es el objeto de la comisión investigadora constituida en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La instancia parlamentaria será presida por el diputado Miguel Ángel Calisto (DC) y estará integrada por otros 12 diputados y diputadas. 

La instancia también deberá fiscalizar las acciones realizadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y su rol ante la posible colusión de las empresas productoras y distribuidoras de gas, así como de otros órganos de la administración del Estado.

ANTECEDENTES

Dentro de los antecedentes aportados por los 63 diputadas/os solicitantes de la comisión, se señala que el gas licuado ha experimentado un incremento de un 1,6% en su valor, solo durante el mes de marzo del presente año, acumulando un alza inusitada de 10,9% en los primeros tres meses del año 2021 y un incremento de un 14% en el transcurso de los últimos doce meses.

Asimismo, alerta que tanto los precios como el promedio de alzas mensuales es una constante en las tres principales compañías distribuidoras, tomando en cuenta la competencia que debería existir entre los actores del sector.

Como antecedente se indica que, una de las tres empresas distribuidoras en nuestro país –Lipigas–, a través de su filial en Perú “Lima Gas”, se vio involucrada y sancionada por la autoridad antimonopolio de dicho país el 2017, tras comprobarse que se coludió con otras dos firmas para concertar precios en la venta de cilindros.

La instancia investigadora definió en su agenda de audiencias invitar, como primer exponente, a la Fiscalía Nacional Económica para que dé cuenta del avance que ha tenido en información sobre esta eventual colusión.

Se estableció que esta comisión investigadora deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días.